La Legislatura prorrogó hasta 2023 la ley que declara el estado de emergencia en seguridad, en materia carcelaria y policial y en seguridad vial, una normativa que además posibilitará la construcción de la nueva cárcel, prevista en principio para la localidad de Benjamín Paz, departamento Trancas.

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El presidente de la comisión de Seguridad y Justicia, Gerónimo Vargas Aignasse (Frente de Todos), destacó que se ha "quintuplicado la cantidad de sentencias con el nuevo Código de Procedimientos Penal".

En esa línea, destacó las inversiones en recursos humanos y técnicos en las fuerzas de seguridad efectuados en los últimos tiempos, aunque advirtió que todavía restan muchas medidas para resolver la cuestión. Entre ellas, mencionó la construcción del nuevo complejo penitenciario para Tucumán. "Va a ser una mejora muy importante (ante la crisis carcelaria)”, indicó. Y añadió que, con el nuevo Código Procesal, "la trágica puerta giratoria judicial se ha empezado a cerrar".

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Nadima Pecci (Valores Republicanos) advirtió que, si bien se allanará el camino para la edificación de una cárcel, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo (PE) para la expropiación de un terreno en Benjamín Paz "no está en el orden del día". "Creo que hay que dar mayores precisiones y menos anuncios", indicó. Además, cuestionó la situación carcelaria de Tucumán, y mencionó la fuga del ex guardiacárcel Roberto Rejas del cuartel de Bomberos. “Voy a acompañar este proyecto, porque claramente hace referencia a una situación dramática”, señaló.

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El líder del bloque de Fuerza Republicana (FR), Ricardo Bussi, expresó su "preocupación" porque "no queda área del Gobierno que no esté en emergencia". "La provincia está colapsada. Y a esto lo genera una total falta de inversión en infraestructura, y no el nuevo Código Procesal Penal”, refutó el republicano a Vargas Aignasse.

Además, indicó que el objetivo de fondo del oficialismo es "contratar en forma directa, como en todas las áreas de gobierno, siempre violentando lo que establece la Constitución provincial". "No obstante ello, como la provincia es un verdadero desastre, vamos a votar favorablemente; la situación carcelaria hay que resolverla de todas formas”, añadió.

En la Legislatura, piden que el nuevo ministro de Seguridad dé a conocer su plan de acción

El alfarista Raúl Pellegrini (PJS), por su parte, cuestionó al ahora ex ministro de Seguridad, Claudio Maley, quien fue reemplazado esta semana por Eugenio Agüero Gamboa. “En estos dos años, hemos observado cómo se han planteado una serie de políticas y de iniciativas que han terminado sin ejecución, o con ejecución a medias. Han sido anuncios. Y no han tenido un correlato efectivo en la calle para que se revierta esta situación de inseguridad tremenda que vive la provincia”, reprochó.

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El radical José Ascárate, en tanto, advirtió que daría su voto a favor de la iniciativa, pero criticó la falta de inversiones por parte del Gobierno provincial en materia carcelaria. "Es misión de esta Legislatura ponerle un parate (a esa situación), porque el último año de gestión del ministro saliente Maley no hay sido bueno en materia de política de seguridad, ni de política carcelaria, ni de asignación de personal", afirmó.

“Estoy conforme por el deber cumplido", expresó Maley en su despedida

Federico Masso, en tanto, consideró que la edificación del nuevo penal "debe ser prioridad" al momento del tratamiento del próximo Presupuesto de la Provincia, para 2022. "Hay que dar la prórroga, pero hay que aprovechar cada minuto a partir de ahora para hacer las cosas necesarias en materia de seguridad, para que la sociedad comience a salir de a poco de ese pánico que tiene por los hechos que suceden día a día", señaló.

El proyecto, finalmente, fue sancionado por amplia mayoría, por lo que Tucumán permanecerá bajo estado de emergencia en materia de seguridad y de políticas carcelarias, al menos hasta 2023.